El gran eco que ha tenido esta convocatoria muestra, sin duda, que hay una inquietud por lo que esta sucediendo en el campo psi: que hay, pues, un motivo para despertar de un período quizás demasiado letárgico.

El desencadenante ha sido un conjunto de normativas legales que se iniciaron con el Real Decreto que regulaba la especialidad de Psicología Clínica (PEPC) y se ha continuado con la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias y el Real Decreto 1277/2003, de 10 de Octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Estas normas nos afectan en tanto modifican el panorama actual de las prácticas psi: regulan lo público pero también lo privado, distinguen entre especialistas y generalistas, restringen ciertas funciones en relación a prácticas habituales en la psi clínica (la atención a los trastornos mentales queda reservada a los psiquiatras),...

La paradoja de todo esto es que a pesar de su incidencia directa en un colectivo numeroso todavía hoy son desconocidas por la mayoría de ese colectivo. Una primera razón la encontraremos, sin duda, en ese letargo al que aludía antes pero también conviene señalar que han sido normativas, especialmente las dos ultimas, poco consensuadas y poco participativas en su elaboración. Baste decir que ni los Colegios Oficiales de Psicólogos ni la propia Comisión Nacional de la Especialidad han sido escuchadas. Ese es ya un elemento que debería hacernos reflexionar acerca de la naturaleza e intenciones de estas normas.

La siguiente pregunta que nos surge es ¿por qué ahora?. Para responderla debemos tomar una distancia respecto al foco mismo de la ley para captar lo que son las líneas de fuerza donde aparece la voluntad del legislador y la orientación política que la guía. Una primera constatación es que leyes similares han sido ya promulgadas en otros países europeos (Francia, Italia) y occidentales (Canadá), también con un cierto oscurantismo en su elaboración y todas ellas han generado movimientos de resistencia por parte de los profesionales y las asociaciones científicas[1].

A partir de esta serie de medidas, cada una diferente y específica a su realidad local[2], podemos apuntar una tendencia más global: la de lo psi como un nuevo factor de la política. Si hasta ahora el sufrimiento psíquico correspondía básicamente al ámbito de lo privado y era cada sujeto que decidía como tratarlo (médicamente, espiritualmente, psicológicamente, en lo familiar) ahora asistimos a un aumento progresivo de la demanda de una atención psi, en parte favorecida por una mayor oferta de los propios psi (en todas sus variedades y con todos sus sucedáneos más o menos esotéricos algunos) y por un cierto agotamiento de la respuesta medicalizada y farmacológica. Esto hace que ese ámbito intimo deje paso a una mayor intervención de lo público, es el Estado quien toma a su cargo la salud mental de la población de manera generalizada (no sólo en lo referido a las patologías graves)[3].

¿Cuáles son entonces las premisas de esa política de lo psi?. Sin duda las que orientan hoy la praxis política: los derechos del ciudadano NIF como enunciado axiomático y el criterio de coste mínimo para el gasto público. Eso se traduce en dos consecuencias:

1. Una gestión orientada hacia el usuario bajo la premisa: “El cliente siempre tiene la razón”. Este hecho que, por un lado tiene aspectos muy positivos en cuanto reconocimiento de derechos, en su equivalencia sujeto-usuario también tiene sus efectos perversos. En cualquier caso parece claro que ha modificado por completo la relación profesional-sujeto: desde las prevenciones frente a las denuncias, [4] hasta las exigencias de consentimiento informado, etc.

2. Una gestión regulada por el mercado bajo los criterios de eficacia y eficiencia concebidos en la ideología del management ,lo que supone presentar los cambios como exigencias adaptativas a la realidad contemporánea y no como opciones ideológicas. Los opositores a estas normativas son considerados –y así se los muestra públicamente en la estrategia comunicativa- como representantes de una vieja guardia obnubilada por los derechos adquiridos y refractaria a todo cambio[5]. Esto implica que los actores del sistema deban, cada uno, tomar posiciones: los profesionales (en lobbies y con intereses divergentes), las asociaciones de usuarios o de familiares de afectados, los proveedores (aseguradoras e industria farmacéutica) y también los tecnócratas encargados, en representación del estado, de evaluar los resultados de esas prácticas[6] ya que la regulación del mercado exacerba la estandarización y evaluación permanente del acto psi. Si analizamos lo que está pasando ya en los países “más avanzados” en este proceso observamos[7] como se producen alianzas entre algunos de estos actores (p.e. entre algunos grupos de psiquiatras y las grandes aseguradoras médicas) que codifican y estandarizan las prácticas que convienen a sus intereses descartando aquellas otras que se adecuan menos. En nuestro país también vemos como algunos grupos de profesionales ejercen presiones importantes en la configuración de estas normativas y como también convergen sus intereses con los de otros sectores[8].

El análisis de estas tendencias globales debe orientarnos en la comprensión de las tendencias y procesos presentes en nuestra realidad local. Por eso el análisis que vamos a hacer de las normas no puede basarse únicamente en sus enunciados, en las buenas intenciones que toda ley expone como motivos (derecho a la salud, garantías de los usuarios, regulación de la práctica, mejora de la calidad asistencial), intenciones que seguro todos compartimos. Los psi sabemos hasta que punto lo no dicho ordena y da significación a lo dicho[9]. Debemos, pues, también hacer un cálculo de las consecuencias posibles. Este cálculo no es siempre fácil para nosotros ya que el ejercicio de la política nos incumbe como ciudadanos, amateurs, y eso puede hacernos desconocer que la política es también un oficio, con sus estrategias y sus lógicas no siempre visibles.

Como ocurre con la creación de una escultura, el artista ya sabe al iniciar su trabajo cual será el resultado final, lo tiene en mente cuando se sitúa frente al bloque a esculpir. Procede, entonces, por sustracción de trozos, a veces grandes cuando no hay dudas, otras pequeños cuando conviene la precaución. Los que observan este proceso callan sin poder evaluarlo y cuando, finalmente, contemplen la obra final comprenderán, apres-coup, las intenciones del creador. Claro que, entonces, ya no es posible la vuelta atrás y aquello que se sustrajo difícilmente volverá a incorporarse al bloque. Les propongo que cada uno de vds. lea, a partir de esta metáfora, las diferentes normativas y decisiones políticas referidas al ámbito psi (creación de la especialidad, LOPS y RD centros en 2003, regulación titulación europea en psicología 2004 y quizás reglamentación ejercicio de la Psicoterapia en unos meses).

Finalmente me gustaría expresar un anhelo: el deseo que este debate planteado sobre la Cuestión psi (no exclusivamente sobre la LOPS) no se reduzca al registro corporativo que sin duda existe (el COPC es él mismo una corporación de derecho público), que incluya también la dimensión de la psicología como disciplina con un presente y un porvenir, con una trayectoria donde la existencia de ciertas diferencias debe valorarse como un signo de madurez y progreso.

Pero además hay un tercer elemento en esta cuestión que es fundamental y se refiere a la posición ética que tomamos individualmente y colectivamente. Hoy asistimos a la generalización de medidas preventivas que, en nombre de la seguridad y la defensa de los ciudadanos, aparecen cada vez más como un recorte de las libertades y como instrumentos de segregación. Basta recordar las medidas tomadas por el gobierno de Blair sobre la prevención escolar de las drogodependencias o la exigencia, en Francia, de un volante psíquico elaborado por los maestros acerca de la salud mental de los escolares. También en nuestro país se han hecho propuestas de detección precoz –incluso de medicalización preventiva- de posibles esquizofrenias posteriores. No podemos permanecer ajenos a estos hechos ya que en la mayoría de los casos somos los propios psi los que damos –a veces involuntariamente- cobertura científica a estos experimentos de control social.

*Intervención del autor en la primera sesión (15 de Marzo de 2004) del Ciclo de debates en el Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya sobre “LA CUESTIÓN PSI”

Notas:

[1] Ver José R.Ubieto (2004). “La regulació de l’ambit psi” en Full Informatiu num. 167. Marzo 2004. Barcelona:COPC

[2] Cada realidad territorial tiene su real insoportable. Para unos (Canadá) se trata de los movimientos sociales que disputan el poder y de las aseguradoras que aspiran al beneficio. De allí que las normas apunten a un control de los consejos de administración de los organismos comunitarios, hasta ahora de izquierdas, y a una externalizacion masiva de la sanidad pública. Para otros (Francia) se trata de reducir los costos del Estado-providencia y de conseguir la hegemonía de un modelo pseudo científico. Por eso las medidas apuntan a desbancar el peso de la escucha como practica útil socialmente y de reforzar el rol del psiquiatra como controlador y distribuidor de cuidados. Para nosotros (España) donde el peso de la sanidad privada es todavía débil y el de la sanidad mental pública nunca fue muy revelante se trata de poner las bases de un futuro modelo consensuado entre lobbies de profesionales y proveedores futuros de esos cuidados. No es por casualidad que aseguradoras importantes como Sanitas o grandes empresas (Endesa, Iberdrola) lleven un tiempo echando el anzuelo en sectores socio-sanitarios crecientes (tercera edad).

[3] Este desplazamiento de la llamada Salud Mental a la actual Salud Pública no va sin una cierta elisión de lo subjetivo y del sufrimiento psíquico a favor de la noción, más orgánica, de trastorno.

[4] que han supuesto p.e. que ciertas filmaciones de entrevistas hayan dejado de tener un uso técnico para convertirse en la salvaguarda frente a posibles denuncias.

[5] Las “renuncias” que el Estado hace respecto a sus responsabilidades en la cuestión pública deben considerarse, según los ideólogos neoliberales, no como un retroceso sino como un avance del espacio de la libertad y de la responsabilidad de los ciudadanos.

[6] Ver Informe del INSERM (Mº de Sanidad) en Francia sobre “La evaluación de las psicoterapias” www.inserm.fr/servcom/servcom.nsf/(Web+Startup+Page)?ReadForm&actualite

[7] Por ejemplo en Canadá es evidente la masiva externalizacion de las prestaciones sanitarias que son gestionadas por las mutuas privadas que monopolizan prácticamente el gasto público.

[8] Como señala Albino Navarro Izquierdo, médico y Director de Relaciones con las CCAA de Farmaindustria (“Cohesión Farmacéutica: una necesidad” en Ars Médica. Revista de Humanidades num. 2, 2003): “(...) las estructuras externas que pueden contribuir a cohesionar la situación actual serían las organizaciones profesionales, sindicales y empresariales, entre las que se encuentra Farmaindustria”.

[9] Hay que señalar como en las normativas que nos afectan hay una estrategia minimalista: incluir los aspectos mínimos para después desarrollarlos en normativas de rango inferior (Decretos) o incluso en reglamentaciones administrativas que quedan al margen del debate público general y al alcance de las presiones de los lobbies particulares