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El amo habla a través de la ley; es un significante que se encarna. En Francia lo ha hecho en la carne mortal del doctor Bernard Accoyer. El doctor Accoyer, como todo el mundo sabe, es otorrinolaringólogo, una especialidad de élite en la medicina. Trabaja con el oído medio, con personas que tienen dificultades para oir. Con sordos, en una palabra, por lo que es comprensible que tenga problemas para entender lo que es la escucha...

Podemos ironizar al respecto, hacer chistes fáciles, pero se trata del discurso del amo; y al amo hay que tomarlo en serio. En España la encarnación de ese discurso -del saber médico- es más anónima, aparece menos personalizada, pero la amenaza no es menos real. En un foro de similares intenciones a éste, en Madrid, algunos colegas se preguntaban retóricamente porqué estamos hablando de esto, cuando los psicoanalistas ni siquiera son mencionados en la Ley pomposamente denominada “de ordenación de las profesiones sanitarias”, recientemente aprobada. Era una pregunta tendente a provocar la reflexión; en efecto, la Ley ni siquiera cita al Psicoanálisis, pero ni siquiera hace falta leer entre líneas para percibir una referencia indirecta. Esa referencia está en lo que los juristas llaman “el espíritu de la ley”, aquello que la letra no alcanza a plasmar pero que está ahí, y que se supone expresa la voluntad última del legislador.

Me refiero a la vocación abarcadora tanto de lo público como de lo privado que recoge la Ley; la reserva que el Estado hace para sí de la instancia final de decisión, control, supervisión, y la aparente paradoja que consiste en solapar ese control último con una especie de outsourcing, de subcontratación o delegación de la gestión a personas o empresas privadas. De otro lado, la reiteración con la que aparecen en el texto expresiones como científico, evidencia científica, exigencias de conocimiento científico, junto a la condena de actividades profesionales que no estén fundadas en una base científica, la prohibición de actividades o servicios de carácter creencial, regulando incluso el tipo de publicidad que se puede hacer, o las declaraciones de los profesionales en los medios de comunicación, ¿podría sugerir la intención de promulgar en un futuro más o menos próximo una ley contra las sectas?

En Francia ya se ha pronunciado la palabra maldita: secta; el mismo doctor Accoyer ha relacionado a las sectas con ciertas prácticas psicoterapéuticas perjudiciales para la salud mental. ¿Cómo podría someterse la práctica psicoanalítica a los protocolos de actuación, a la regulación legal del tiempo de las sesiones, a emitir informes escritos o a permitir que el resultado de su trabajo sea evaluado por unos burócratas de la salud? ¿Demostrar su buen hacer? Eso significaría someter a los psicoanalistas a aquello que los juristas romanos llamaban una probatio diabólica, una prueba imposible. En Psicoanálisis profano (también traducido como ¿Pueden los legos ejercer el Psicoanálisis?) Freud escribió que “una superabundancia de disposiciones y prohibiciones perjudica a la autoridad de la ley (...) donde sólo hay unas pocas prohibiciones se las respeta escrupulosamente; pero si las prohibiciones lo acompañan a uno donde quiera que vaya, se siente formalmente la tentación de desobedecerlas. Además, no hace falta ser un anarquista para comprender que las leyes y disposiciones no pueden pretender un carácter sagrado e inatacable por su origen, que a menudo su contenido es insuficiente y lastima nuestro sentimiento del derecho (...) y que dada la lentitud de las personas que guían la sociedad no suele quedar otro remedio para corregir esas leyes inadecuadas que el de infringirlas a sabiendas”.

Antes he citado la paradoja aparente que hace coincidir en plena crisis del Estado bienestarista, un discurso liberal a ultranza que persigue el adelgazamiento del Estado hasta casi la anorexia en beneficio de lo privado, del mercado (y cuando hablamos del mercado en materia de salud estamos hablando del establishment médico y de los laboratorios farmacéuticos), con unos Estados que no renuncia a su papel de amo, que se erige en un moderno Comité de Salud Pública al estilo del creado por la Revolución Francesa, reservándose el derecho de enunciar qué es saludable y qué es dañino para los ciudadanos; en otras palabras, se arroga el derecho de salvar a los sujetos de sí mismos. La salud pública –incluida la salud mental- entendida de este modo es, en definitiva, una cuestión política, porque expresa la tendencia a la destrucción del sistema público en provecho de la gestión privada, de tal forma que la política no es algo ajeno al mundo Psi. Nos concierne, y si es función de los políticos hacer funcionar un discurso en lo real, mientras que los psicoanalistas saben que es imposible hacer funcionar lo real en un discurso, habrá que encontrar un punto de sutura para que el mundo Psi no sea tan sólo el sujeto pasivo de decisiones ajenas.

Debemos tener en cuenta que estamos ante una ofensiva de alcance internacional, que va mucho más allá de nuestro espacio de trabajo; no es sólo el psicoanálisis laico lo que está amenazado. El gesto reciente de Giorgio Agamben, renunciando a viajar a los Estados Unidos para evitar someterse al rigor policíaco de un Estado donde el retroceso de las libertades civiles es alarmante; el paro del día ll de febrero de los abogados y de gran parte de la judicatura francesa como protesta contra lo que definen como una ley liberticida, ¿son indicadores de un proceso generalizado de ese retroceso?, ¿ha conseguido la pandilla que gobierna en la Casa Blanca contagiarnos su paranoia y su moralina reaccionaria, hasta el punto de hacernos abdicar de unos valores conquistados a través de más de doscientos años de lucha por el pensamiento ilustrado? El l0 de mayo de l933 en las universidades alemanas se quemaron miles de libros, ante la mirada indiferente, cuando no complaciente, de profesores y autoridades. Fue –como ha escrito Ian Kershaw- “el momento simbólico de la capitulación de los intelectuales alemanes frente al nacionalsocialismo”. ¿Una comparación excesivamente dramática? Sin duda lo es; las circunstancias no son las mismas. Pero como en su día escribió Sigmund Freud, “se empieza cediendo en las palabras y se acaba a veces por ceder en las cosas”. Para el Psicoanálisis no resulta indiferente que su práctica se realice en un régimen democrático o bajo un sistema totalitario; sabemos que tanto en la Alemania nazi como en la Unión Soviética los libros de Freud estaban prohibidos, y el ejercicio del Psicoanálisis imposible.

Nuestra sociedad produce muchos objetos, pero también produce mucho malestar. Más malestar de que podemos consumir. ¿Es casual que en semejantes tiempos, propicios para el incremento de las demandas de análisis, emerjan políticas desde el Estado, aquí y allá, organizando las cosas para salvar a los sujetos de sí mismos?

Una Escuela de Psicoanálisis sólo de psicoanalistas no era el deseo de Lacan. Él tuvo la percepción clarividente de la necesidad de que los psicoanalistas estuvieran inmersos en la Ciudad, de que la relación con el mundo en general y con los intelectuales en particular enriquecería el propio discurso al tiempo que le ayudaría a ponerse a prueba.

(1) Intervención realizada en el 1º Foro PSI de Barcelona, el 14 de febrero 2004, sobre el tema La situación en España, desde el 21 de noviembre: la ley 44/2003