Este artículo ofrece algunas claves para comprender los términos del debate que actualmente se produce, a nivel europeo, en relación a la regulación de las prácticas psi, al tiempo que propone algunas formulas de intervención.

¿Qué sucede?

Existe una intencionalidad, por parte de la administración de algunos países occidentales (Canadá, Francia, España, Italia, UE en general), de regular las practicas de los psi, especialmente en lo que afecta a las psicoterapias (término que engloba la psicología clínica en sus diferentes modalidades y el psicoanálisis). Esta voluntad reguladora parte de la existencia de un vacío jurídico y de un supuesto daño en la protección de los ciudadanos que demandan esa atención clínica.

En concreto actualmente existe una enmienda aprobada por unanimidad el pasado 14 de Octubre por el Parlamento francés, y conocida como enmienda Accoyer [1], que basándose en una Informe técnico previo [2] propone una regulación de la práctica psicoterapéutica global (psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, psicoanalistas). Por el momento está a la espera de ser ratificada – o devuelta - por parte del Senado el próximo mes de Enero.

En nuestro país, y desde 1998 disponemos de una ley que regula la especialidad de la Psicología clínica, si bien su implementación está todavía en curso. Recientemente se promulgó [3] la Ley de las Profesiones Sanitarias en la cual se regula la práctica, tanto pública como privada, de la psicología clínica fijándose los términos de ese procedimiento así como de la acreditación y formación de los futuros practicantes. Paralelamente y en ejercicio de las competencias transferidas, el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya ha elaborado, con la colaboración de diversos expertos, un documento sobre la psicoterapia en la salud mental pública [4] que trata, también de regular, esa práctica y los sistemas de acreditación y formación de los practicantes.

En Italia existe ya, desde hace unos años, la Ley Ossicini que regula la práctica de la psicoterapia así como los procedimientos de acreditación y formación de aquellos profesionales que deseen practicarla. Reconoce también la existencia de institutos de formación, públicos y privados, homologados para la certificación de esa formación.

En la Unión Europea existe en este momento una iniciativa en el Parlamento Europeo para revisar la regulación de la libre circulación de profesionales y sobre las normativas del ejercicio profesional en Europa.

Finalmente, y en un contexto más lejano, en Canadá acaba de promulgarse la Ley 25 [5] promovida por el Ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Mr. Couillard, que reordena todo el sector sanitario y de atención social liquidando así uno de los modelos institucionales más relevantes por su perspectiva psicosocial y dimensión comunitaria, ahora reducida a una medicalización del modelo, subordinado al Hospital como institución de referencia.

Conviene destacar que uno de los rasgos comunes es el estilo discreto, poco participativo e imperativo de estas propuestas que, en la mayoría de los casos, apenas tienen en cuenta los diferentes grupos profesionales e instituciones implicadas.

¿Por qué ahora?

Si bien es cierto que existe ese vacío y que eso ha sido –seguramente no por casualidad- un hecho con muchos años de historia no hay datos sobre ese supuesto daño para la salud pública (no hay más quejas o demandas que para cualquier otra práctica médico-sanitaria).

Por tanto habrá que pensar que hay otras razones, a parte de las arriba indicadas y explicitadas en las diferentes propuestas legales (Couillard, Accoyer, Profesiones sanitarias).

Parece ser que actualmente se produce la convergencia de varios factores que contribuyen a esa intencionalidad política:

1. La consolidación de un sistema post-institucional [6] regido por la ética del consumidor: un ciudadano NIF que exige sus derechos de usuario garantizados.
2. aumento notable de las demandas ciudadanas de psicoterapia, en sus diversas modalidades y como rechazo a una medicina excesivamente medicamentosa y poco respetuosa con el malestar psíquico, que deja la escucha del sujeto en un segundo plano
3. voluntad del Estado neoliberal, en crisis financiera, de adelgazamiento, para lo cual sus políticas de Bienestar Social (sanidad, educación, atención social) resultan onerosas y deben pasar a gestionarse en régimen de externalización y con financiación mixta (usuario-estado). La psicoterapia sería una de las prestaciones públicas a regular mediante la creación de un acto psicoterapéutico evaluable (según modelo del acto médico)
4. tendencia unificadora de las políticas públicas en el contexto de la convergencia en la Unión Europea
5. presión de la industria farmacéutica para la difusión y financiación de los psicótropos por parte del estado. Ya hoy la factura “farmacéutica” supone, en la Era de los Antidepresivos [7], un porcentaje muy elevado de los gastos médicos del estado al punto de desestabilizar, por su creciente déficit, la política sanitaria.
6. intereses corporativos de la clase médica que pretenden monopolizar y controlar el ámbito de lo clínico dejando de lado o aceptando bajo formulas de dominio a otras disciplinas psi (psicólogos, psicoanalistas, ..) [8]

La convergencia de estos factores justificaría la emergencia en diferentes países, con ritmos diversos y con contextos diferenciados (en función del desarrollo alcanzado por el Welfare State), de una misma intencionalidad política que se encarna en medidas legales y procedimientos administrativos muy parecidos.

¿Cómo se efectuaría esa regulación, que objetivos tendría?

En las diferentes situaciones mencionadas aparecen algunos significantes comunes que devienen así en key words, significantes amo: coordinación, evaluación, protección del ciudadano, vacío jurídico, eficacia. Si bien no está muy explicitado en los enunciados generales, aunque sí en los detalles procedimentales, la referencia principal, la clave de bóveda de este edificio es la medicina científica como garantía de ese Nuevo Orden Psi.

Examinemos los argumentos planteados:

1. Existe un vacío jurídico que posibilita la práctica psi entrañando así un grave problema para los ciudadanos que quedan indefensos ante el arbitrio de los profesionales, a veces sin titulación médica o psicológica.

Efectivamente existe ese vacío si bien no es generalizable y no afecta por igual a todas las prácticas ya que las psiquiátricas y las del psicólogo están parcialmente reguladas a partir de la obligatoriedad de la colegiación y de los mecanismos de control que los propios colegios profesionales disponen (Comisiones deontológicas). La práctica desregularizada, desde su nacimiento hace más de 100 años y a la que parecen apuntar algunas de estas medidas, es el psicoanálisis que ya el propio Freud desvinculó [9] (Análisis laico) del control médico como una estrategia ligada a uno de sus fundamentos: la transferencia del analizante al analista, presente ya en las contingencias de la elección del mismo.

¿La inexistencia de ese vacío legal y administrativo es sinónimo de la existencia de una ausencia de mecanismos de control y regulación entre los practicantes, p.e. entre los psicoanalistas?. Es evidente que no y ello por diversas razones:

1. la mayoría de los psicoanalistas son a su vez psicólogos y/o médicos colegiados
2. la mayoría de los psicoanalistas están agrupados en diversas instituciones analíticas (Escuelas, Asociaciones, Grupos), muchos de ellos con lazos internacionales, y en las que existen mecanismos específicos y públicos tanto de la pertenencia a las mismas (anuarios de miembros y asociados) como de control de la práctica y la formación (controles individuales, presentación de casos, espacios de formación continuada, publicaciones regulares, jornadas abiertas)

¿Ese supuesto daño que se imputa a esa desregulación es real y por tanto motivo de alarma social que requiera a la administración de una actuación urgente y sin apenas consulta a los interesados?

Parece que en absoluto. Las denuncias recogidas en las diversas instituciones (colegios profesionales, asociaciones psicoanalíticas, ..) sobre supuestas malas prácticas de sus miembros son escasas y en cualquier caso inferiores a las que pueden haber en relación a la práctica profesional general.

La inseguridad de los ciudadanos con malestar psíquico y respecto a sus posibles cuidadores es pues un hecho social que no surge de datos empíricos sino de una suposición y tiene por ello un estatuto de constructo, tesis previa de argumentos posteriores, que debemos cuestionar y denunciar. Los hechos sociales son la resultante del uso de expresiones performativas, es decir dependen del lenguaje (Searle).

Hoy, en una sociedad calificada por los sociólogos como “sociedad de riesgo” (Beck) sabemos hasta que punto los riesgos, lo imprevisto, puede ser tomado como amenaza pero también, y esa es la apuesta, como oportunidad de invención. Restringir la libertad de elección del paciente implica una privación cuyos perjuicios superan claramente los supuestos beneficios de la restricción. No podemos contentarnos con valorar las intenciones ya que debemos guiarnos por una ética de las consecuencias y conocemos bien hasta que punto la reglamentación excesiva produce desencanto y apatía.

2. La financiación, por parte del estado, de las prestaciones de atención psicológica exige que estas estén claramente definidas, protocolizadas y sean, por tanto, objetivo de evaluaciones continuadas de carácter científico.

Esta expresión de voluntad política se propone como un segundo argumento fuerte para la regulación de lo psi. En tanto tiene un carácter político es susceptible de ser discutida y no tomada como un dogma en sí mismo y mucho menos como una necesidad natural y objetiva del devenir y supervivencia del estado.

En primer lugar esta financiación implica ya una prioridad en menos por parte del estado que tiene otros objetivos más interesantes (económicos, militares, de seguridad, penales, ..). A partir de esta re-ingeniería de procesos (afán de adelgazamiento del Welfare State) debemos entender y situar un conjunto de decisiones que apuntan a una progresiva des-responsabilidad de lo público en la configuración y sostén de las instituciones claves en la socialización de los ciudadanos (educación, sanidad, atención social).

La progresiva externalización de sus funciones, si bien teóricamente no excluye el control y titularidad pública, en la práctica se ha convertido en una subcontratación, en régimen de precariedad, de algunas prestaciones básicas y esenciales.

A partir de aquí podemos entender que la demanda de protocolización de la práctica y la exigencia de evaluación de la misma no son ajenas en absoluto a los otros significantes, puestos en juego: eficacia, coordinación, optimización de recursos [10] . Tampoco conviene olvidar que el pattern de esta evaluación está en el acto médico, tomado como medida de valor [11] . Pattern que supone, sin demasiados matices, la transposición de los paradigmas del modelo médico-clínico al ámbito de lo psi. Eso implica hacer equivalentes procesos como el diagnóstico o la intervención o conceptos como el síntoma o el mismo sujeto supuesto en uno u otro acto.

Un ejemplo de esta alianza entre un mal entendido cientifismo y el management la tenemos en el último significante de moda, importado como tantos otros del léxico del business management: el de objetivos librables en referencia a esos objetivos de imperativo cumplimiento por parte de los profesionales y que se refieren a los objetivos a cumplir y/o al uso adecuado de los medios puestos a su disposición. Cada servicio debe librar su mercancía en función de los resultados marcados y/o de los medios : tantos bebes nacidos con el peso adecuado, tantos pulmones sin nicotina, tantas adolescentes sin embarazo, tantos alumnos con graduado!!. Como señala Fdez-Blanco [12], se trata de que todo buen psi tenga su código de barras perfectamente homologado.

¿Significa esto que debemos rechazar cualquier propuesta de protocolos de actuación o de procedimientos de evaluación y control de nuestra práctica?. Por supuesto que no, aunque hay, previamente, que explicitar los supuestos –nunca son ateóricos- de esos procedimientos. Está en el espíritu de la democracia y del servicio público rendir cuenta sobre la utilización de los medios disponibles si bien el aumento de protocolos en una experiencia es siempre inversamente proporcional a la claridad de los principios que la guían y en su exceso no tienen otra función que el reaseguramiento narcisista del practicante ante lo insoportable que implica siempre el encuentro con lo real.

¿Evaluar significa producir series estadísticas (de asistencia, de productividad, de altas/bajas, de actos realizados, de “curaciones” logradas)? No es seguro que eso sea posible de acuerdo a unos mínimos de rigor en una práctica clínica psi. Los presupuestos de repetición idéntica y codificación, intrínsecos a la ciencia experimental no son trasladables a una dirección del tratamiento donde la singularidad de cada sujeto aparece como una garantía de la buena dirección. Como señalan muy acertadamente los redactores del documento catalán sobre “La Psicoteràpia en la xarxa pública de Salut Mental” “(...)a ningú no se li escapa que aïllar l’efecte d’un fàrmac o trobar un comparador-placebo d’aquest, es molt més fàcil que no pas aïllar l’efecte d’una psicoteràpia o trobar-ne el comparador-placebo adient; així com tampoc no és fàcil controlar en un estudi per la primacia que en la psicoteràpia té el llenguatge (element molt especial de la ment i de l’espècie humana), i que sol convertir cada interacció terapeut-pacient en un acte únic.” [13]

El síntoma del que nos ocupamos, es pues, por definición charlatán y se encuentra en los meandros del lenguaje y no en el camino recto. De ahí que el psicoanálisis no sea un ciencia, “sino una práctica, un lazo social que trata del sujeto si bien mantiene los ideales de transmisibilidad y demostrabilidad de la ciencia y no se propone menos que ella alcanzar la certeza, aunque ello sea por la vía de una experiencia singular” [14]

Esto no impide, en absoluto, que ese acto clínico no sea mostrable y transmisibles sus enseñanzas [15] . De hecho es lo que hacemos de múltiples maneras: memorias del servicio, supervisión individual y/o grupal, presentación de casos, publicaciones científicas, ponencias en jornadas. Evaluar no es contar, sino más bien mostrar la lógica de un proceso en el que la participación del practicante y del paciente son variables a tomar en cuenta.

La crítica al mito de la eficacia tiene ya nombres ilustres. El propio Ralf Dahrendorf, miembro de la Cámara de los Lores, ex rector de la London School of Economics y del St. Anthony’s College de Oxford escribía [16] lo siguiente: "Debemos tener cuidado con los enfoques hacia los servicios públicos que se guían con criterios empresariales. En ciertos momentos y en ciertos países, los servicios que no tienen por que ser públicos tuvieron que privatizarse y apegarse a líneas empresariales con el fin de funcionar mejor (o para poder funcionar siquiera). Pero los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, el transporte y unos cuantos más, siempre serán sólo eso, servicios, y por ello se les tendrá que medir con criterios más complejos que el logro de metas cuantificables."

3. La coordinación de las diferentes intervenciones sobre un mismo sujeto deviene necesaria, en una práctica de red, y bajo la supervisión de un profesional médico-psiquiatra cualificado para ello.

La constatación de la fragmentación actual del sistema de prestación pública es un hecho que se repite en cualquier documento de análisis de la situación actual. Los modelos de intervención sectorial y especializados, en auge durante la década de los 80 e inicios de los 90, se han convertido actualmente en un obstáculo asistencial, tanto por sus costes elevados, como por los efectos iatrogénicos que producen (duplicaciones asistenciales, prescripciones contradictorias, conflictos inter-servicios y entre profesionales, competencia público-privado, ..).

Parece pues deseable un nuevo enfoque de las problemáticas, especialmente en lo que se refiere a los servicios públicos y/o concertados que ponga énfasis en los aspectos disruptivos de los síntomas y en sus abordajes integrales.

El problema está cuando se plantea –y así lo hacen las nuevas reglamentaciones- la necesidad de esta coordinación como una contribución a este programa de derribo institucional bajo la máscara de la optimización de recursos. Y para ello se elige como prefecto de la salud mental al psiquiatra [17] que debe ejercer como comisario político de los diferentes profesionales. [18]

No es aleatoria esta elección ya que responde al modelo médico como patrón. Es significativo, en este sentido, el caso de Quebec donde esa función de coordinación y control de la red, hasta ahora sostenida de manera plural y radial, se ha trasladado al Hospital y a su director como figura dominante en el modelo vertical que sitúa la primera línea como subsidiaria del centro hospitalario.

Hay otra manera posible de entender el trabajo en red que pone el énfasis en la orientación hacia lo real: en el centro de la investigación se sitúa el síntoma como emergente de un tensión psíquica y social. El saber resulta de una elaboración colectiva a partir de un método interdisciplinar y con la finalidad de la participación y la co-responsabilidad. [19]

4. El control de la formación, tanto la referida a la formación de grado como la especializada y continuada, deviene un instrumento imprescindible para asegurar la implantación de este nuevo modelo y la idoneidad de sus practicantes. La homologación de los centros de formación podría tender a la estandarización.

La formación de grado en nuestro país, y referida a la clínica psi, ha sido tradicionalmente muy deficitaria por lo que los practicantes se han visto obligados, de manera precoz, a obtener otra formación suplementaria en escuelas, asociaciones e institutos de formación no universitarias. [20]

Por otra parte hay formaciones, como la de psicoanalista, que no pueden ofrecerse desde el medio universitario ya que implican una experiencia subjetiva de cada candidato (análisis didáctico) como condición para su futura práctica.

Todo esto ha hecho que en nuestro país exista una red de instituciones que imparten formación especializada y continuada en las diversas orientaciones (psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, sistémicas) y cuyo reconocimiento por parte del estado es muy diverso (algunas tienen convenios con universidades, otras no) sin que este vínculo universitario sea una condición necesaria para la garantía de la formación impartida.

Dentro de estos diferentes itinerarios de formación no hay que olvidar los lazos internacionales [21], tanto de pertenencia como de intercambios científicos regulares, que mantienen muchas de estas instituciones y que revelan una voluntad manifiesta de actualización y rigor en la práctica clínica de sus miembros.

La estandarización propuesta en alguna de las medidas [22] (Acoyer) podría suponer tirar por la borda todo el tesoro clínico acumulado en beneficio de un pragmatismo aséptico (DSM). Por otra parte, choca este énfasis en formar profesionales protocolizados cuando la normativa europea apunta a todo lo contrario, tal como el profesor Peiró nos explicaba recientemente. [23]

¿Qué hacer? Posición de los psi

La primera cuestión a plantearse es que este asunto nos incumbe a todos los psi, independientemente de la titulación universitaria y/o de la orientación teórica, por lo que supone de regulación de la práctica pública y privada [24], por lo que implica de discriminación tanto en la calificación profesional [25] como de cara al acceso de los profesionales a la sanidad pública y por el carácter restrictivo que supone la acreditación y formación de nuevos especialistas [26]

Por otro lado no se trata sólo de la suerte de los actuales practicantes sino del futuro de las prácticas psi y por tanto de las generaciones de colegas que vendrán. Proponemos, pues, que como paso previo a cualquier toma de posición iniciemos un debate público, amplio y abierto a todos los interesados para de esta manera poder analizar las diferentes vertientes y lógicas en juego. No es un asunto simple por lo que cabe enfocarlo con rigor.

Tenemos, para ello, la suerte de contar con el apoyo y los precedentes de colegas tanto en el ámbito nacional como internacional. El pasado 15 de Noviembre se hizo público el Manifiesto Psi [27], redactado en París por Jacques Alain Miller y que cuenta en la actualidad con miles de firmantes psi (psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas ) e intelectuales. Algunos días más tarde se constituía la Coordinadora Psi integrada por las asociaciones psicoanalíticas más importantes, las dos asociaciones de psicoterapeutas y las dos sociedades de psicología francesa. Lo hacían en base a la defensa de dos principios comunes: El derecho de la persona sufriente de elegir su psi sin interferencia estatal y el deber de los psis de hacerse garantes ante el público a través de sus asociaciones y escuelas, de la calidad de la formación clínica, de la práctica terapéutica, y de la ética profesional de sus miembros.

La fórmula organizativa elegida, una Coordinadora, permite a cada cual mantener su especifidad y al tiempo unir las fuerzas en la defensa de esos principios básicos. A partir de aquí la actividad de esta coordinadora ha generado un debate nacional y ha propiciado el intercambio con los máximos responsables políticos (Ministerio de Sanidad, Senado) acerca de las propuestas legislativas. En el horizonte está la propuesta de continuidad de esta instancia como garantía de las prácticas psi, en base al diálogo y la conversación de los problemas suscitados.

Por lo que hace a cada una de estas asociaciones todas ellas han manifestado su oposición rotunda a los intentos de reducir el factor psi a un asunto administrativo. La Red Nacional de psicólogos, a través de su portavoz, N Hacquard, ha manifestado su oposición firme a ser sometidos al Código de Salud Pública y quedar así subordinados al orden médico.

También en Canadá se esta librando una dura resistencia a la ofensiva estatal de medicalización de lo social y se ha constituido una coordinadora integrada por médicos, trabajadores sociales y psicólogos que han organizado numerosos actos de protesta así como una amplia literatura sobre el tema. [28]

Por lo que hace al ámbito español, los colegios de psicólogos han iniciado también algunas acciones encaminadas a responder a estas propuestas legislativas y en especial a la ya mencionada Ley de ORDENACIÓN de las PROFESIONES SANITARIAS [29] . Y en Catalunya, desde hace un tiempo, existe ya un núcleo de profesionales (psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas y psiquiatras) de diferentes orientaciones e instituciones que periódicamente se reúnen e intercambian sus opiniones sobre este asunto

Es evidente que en cada lugar las cosas son diferentes y no debemos unificarlas como un todo homogéneo pero sería iluso pensar que en un mundo globalizado nuestro contexto es propio y específico. Lo que ocurre en otros lugares nos incumbe porque también puede ocurrir aquí y de hecho sabemos que ocurrirá, aunque los tiempos y los modos locales le den una nota particular

Parece razonable pensar que nadie (ningún grupo) por sí mismo puede incidir de manera decisiva en estos procesos y por ello la unidad y coordinación de esfuerzos se hace imprescindible. Ya hemos sido testigos, en la experiencia francesa, de los intentos de la administración para introducir brechas en ese movimiento unitario prometiendo beneficios a algunos como fórmula de ruptura de la coordinación psi. Hagamos uso de nuestra invención, de nuestro deseo y también de las oportunidades que la propia legislación ofrece.

Como nos indicaba el Prof. Peiró [30] el artículo 15 del borrador de la normativa europea prevé que si se logra un consenso amplio, entre las instituciones europeas de una determinada profesión, y se alcanza un acuerdo sobre una plataforma común, esa plataforma podría presentarse ante la Comisión Europea quien podría aceptarla como norma general europea para la regulación de la circulación de los profesionales de esa profesión entre los diferentes países de la Unión Europea. Se trata sólo de un ejemplo de las posibilidades que se abren si contemplamos la perspectiva global del problema y actuamos luego de manera local.

José Ramón Ubieto
Psicólogo clínico y Psicoanalista

1. B.Accoyer, médico-otorrinolaringólogo y vicepresidente del grupo parlamentario UMP
   
   
2. Plan d’actions pour le developpement de la psychiatrie et la promotion de la santé mentale, Ph.CLERY-MELIN et alt., 15-09-2003
   
   
3. publicada en el BOE, con fecha 22-11-03
   
   
4. Document sobre “La Psicoteràpia en la xarxa pública de Salut Mental” (Esborrany). Novembre 2003
   
   
5. Loi sur les agences de developpement de reseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Loi nº 25. 2003.
   
   
6. Dubet, F. (2002) Le declin de l’institution. París:Le Seuil
   
   
7. D.Healy(1997) The Antidepressant Era. Harvard University Press
   
   
8. Informe Clery-Melin. Proposition proposition nº I-07: “Dans le cas oú la psychotérapie est demandée à un psychologue, nous préconisons une évaluation conjointe psychiatre/psychologue pour porter l’indication de psychotèrapie”
   
   
9. Freud, S. (1926) Análisis profano[laico] (Psicoanálisis y Medicina) en O.C. vol. VIII. Biblioteca Nueva: Madrid. “(...) Pero sí estoy seguro de una cosa. No importa mucho cuál sea la resolución que ustedes hagan recaer sobre la cuestión del análisis profano. Cualquiera que sea, sólo puede tener un efecto local. Lo verdaderamente importante es que las posibilidades de desarrollo que en sí entraña el psicoanálisis no pueden ser coartadas por leyes ni reglamentos.”, pg. 2953
   
   
10. Informe Clery-Melin. Pg. 90: “Au niveau national, ces données doivent servir de base à des recherches de type médico-économyque, permettant de décrire les trajectoires des patients”
    
    
11. Informe Clery-Melin. Pg. 80: “Un procesus d’évaluation identique doit etrê adapté et étendu au secteur médicosocial. Les éléments de psychiatrie et de santé mentale doivent pouvoir y être spécifiquement pris en compte, ce qui impliquerait une présence significative de professionels de la psychiatrie et de la santé mentale et en particulier de psychiatres, dans les groupes qui élaboreraient la méthode d’evaluation”
    
    
12. M.Fdez-Blanco. Código de barras Psy. Observatorio nº 8 en [www.ObservatorioPsi.com]
    
    
13. La Psicoteràpia en la xarxa pública de Salut Mental (Esborrany), pg. 23. Novembre 2003
    
    
14. V.Palomera (2003) Carta desde la Alhambra. En La Gaceta del Consejo II/9. ELP [www.elp-debates.com]
    
    
15. En la actualidad existen múltiples iniciativas de instituciones de atención psicoanalítica dotadas de diversas iniciativas de control e investigación de la práctica allí realizada. El recién creado CPCT en París, dependiente de l’Ecole de la Cause Freudienne, así lo muestra: control casos, cartel de investigación, Laboratorio de Investigación Clínica. [www.wapol.org/r4/3.html]
    
    
16. Ralf Dahrendorf. "El triunfo de los servicios públicos" La Vanguardia, 1-2 Enero 2004
    
    
17. J.A.Miller (2003) De la utilidad social de la escucha. Le Monde, 30-10-03 [www.wapol.org/destacados/delautilidad.html]
    
    
18. Informe Clery-Melin. Proposition nº I-04: “Instaurer un système permettant l’evaluation de l’etat clinique et des indications thèrapeutiques par un psychiatre coordinateur”. Las recientes manifestaciones del prof. J-F Allilaire (Secretario del Informe sobre la práctica de la psicoterapia de la Academia de Medicina en Francia) no dejan duda alguna acerca de la necesidad que los psicólogos clínicos se formen bajo la supervisión psiquiátrica (ver www.forumpsy.org)
    
    
19. Ubieto, J.R. (2003) "Estrategias de la conversación: el trabajo en red". Cuadernos de Psicoanálisis nº 27. Bilbao: ICF
    
    
20. Los psicólogos europeos ya han desarrollado, a través del proyecto Leonardo EUROPSYCHT [www.europsych.org] un modelo de formación superior para el desarrollo de un Diploma Europeo de Psicólogo. Se trata de una propuesta consensuada entre las facultades de psicología y las asociaciones profesionales que plantea que la formación que debe cualificar para el ejercicio autónomo de la práctica profesional (no de la especialidad) requiere de 6 años de formación a tiempo completo (5 universitarios más 1 año de práctica supervisada).
    
    
21. Lazos que se traducen en intercambios científicos que permiten la formación permanente y el conocimiento de la tradición psiquiátrica alemana y francesa
    
    
22. ver Informe Clery-Melin. Proposition nº VI-06: “Adapter la formation des psychologues”
    
    
23. J.Mª Peiró (2003) “La libre circulación de los psicólogos profesionales por Europa” pg. 12. COPC:Barcelona
    
    
24. Ya en el artículo 45 de la LEY 44/2003 de 21 de noviembre de ORDENACIÓN de las PROFESIONES SANITARIAS se expresa que “Las consultas profesionales deberán cumplir los requisitos de autorización y acreditación que, atendiendo a las específicas características de las mismas, determinen los órganos competentes de las comunidades autónomas”, y que “Las garantías de seguridad y calidad son aplicables a todas las actividades sanitarias privadas, con independencia de la financiación de las prestaciones que estén ofreciendo en cada momento”.
    
    
25. Ver enmiendas COPC: www.copc.org
    
    
26. L.Seguí. “ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DE LA LEY 44/2003 de 21 de noviembre de ORDENACIÓN de las PROFESIONES SANITARIAS”. Observatorio Psi nº7 en [www.ObservatorioPsi.com]
    
    
27. Este documento, así como el de la Coordinación Psi se pueden encontrar en francés en la web del Forum psy [www.forumpsy.org] y también, traducidas al castellano en [www.scb-icf.net/nodus/debat.htm]
    
    
28. El seguimiento de este proceso puede hacerse a partir de esta web: [www.clsc-chsld.qc.ca/]
    
    
29. Tanto en la web del COPC www.copc.org como en la del COP de Madrid www.copmadrid.org/ resumeninformativo.asp#POSTURA encontramos textos relativos a enmiendas a la ley.
    
    
30. J.Mª Peiró (2003) “La libre circulación de los psicólogos profesionales por Europa” pg. 11. COPC:Barcelona