Ante las graves consecuencias para la Psicología española que se pueden derivar de la aplicación y desarrollo tanto de la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, como del Real Decreto 1277/2003, de 10 de Octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos quiere manifestar lo siguiente:

1. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias ha sido una oportunidad perdida por los legisladores para situar a la Psicología en el lugar que le corresponde dentro del Sistema de Salud de nuestro país. En dicha Ley, dentro de su artículo 2, no se reconoce el carácter de profesionales sanitarios a los Licenciados en Psicología, salvo que obtengan el título de Especialista en Psicología Clínica. Esta falta de reconocimiento dificultará el ejercicio profesional de miles de psicólogos actuales y futuros, a pesar de que tanto por formación como por la naturaleza de su ejercicio profesional la mayor parte de su actuación puede encuadrarse dentro del campo sanitario. Con esta exclusión, la Ley se sitúa a espaldas de la realidad académica y profesional de la Psicología en nuestros país, con más de 40.000 alumnos y 45.000 colegiados, de los que aproximadamente un 70% quieren ejercer o ejercen dentro del ámbito sanitario. El Colegio Oficial de Psicólogos (COP) ha hecho múltiples gestiones, antes de que se aprobara la Ley, con el fin de que los legisladores de los diversos grupos parlamentarios y las autoridades del Ministerio de Sanidad y Consumo fueran conscientes de esta injusta discriminación, y del hecho esencial de que esa exclusión podría acarrear problemas graves a muchos profesionales que hoy cumplen eficazmente un importante servicio para los ciudadanos tanto en el sector privado como en el público. Lamentamos que esas gestiones no hayan servido para cambiar el parecer de las autoridades sanitarias y agradecemos el apoyo recibido desde diversos sectores políticos y sociales. Esperamos que ahora que ya se encuentra en vigor la Ley se arbitren las soluciones necesarias para que la atención psicológica de miles de pacientes no se vea afectada por una medida legal tan injusta como discriminatoria.

2. El Colegio Oficial de Psicólogos cree que es necesario ir dando los pasos para que la realidad legal sanitaria y la profesional de la Psicología se encuentren y no sigan por caminos paralelos sin tocarse. En este sentido, pensamos que los estudios de Psicología, que actualmente se encuentran enmarcados en el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, deberían situarse dentro de las Ciencias de la Salud, un campo más acorde con la vocación mayoritaria de los estudiantes, la Psicología Clínica, y con las exigencias que devienen de su futuro ejercicio profesional en ese campo. El momento actual en el que la mayoría de las titulaciones, entre ellas la nuestra, se encuentra en transformación para acomodarse al marco europeo, podría ser idóneo para acometer la empresa. El COP cree que es necesario abrir un amplio debate, dentro de la Universidad y de la profesión, para diseñar las líneas maestras de una carrera que forme profesionales competentes que ejercerán su labor dentro de un marco regulado por nuevas disposiciones legales tanto nacionales como europeas, y de un contexto social, científico y profesional en continuo cambio.

3. El Colegio Oficial de Psicólogos quiere expresar su más enérgico rechazo y condena por la redacción que se ha dado a la definición de Unidad de Psicología Clínica en el Decreto 1277/2003. Entendemos que dicha definición persigue sustraer a los psicólogos clínicos la capacidad de diagnóstico de los trastornos mentales y del comportamiento, en abierta contradicción con las competencias que reciben en su formación, con la práctica profesional actual, con lo que reconoce el Real Decreto por el que se crea el título de especialista en Psicología Clínica y con lo que, a ese respecto, han dictaminado los tribunales de justicia. Este hecho es aún más reprobable, por cuanto, en el trámite de consulta del Real Decreto, el Colegio ya advirtió al Ministerio de Sanidad y Consumo de la incorrección de tal redacción. La persistencia en el error sólo puede entenderse como el resultado de burdas presiones corporativas que intentan conseguir en los despachos lo que no consiguen en los tribunales de justicia. Esta organización colegial, en uso de sus legítimas atribuciones, planteará el correspondiente recurso ante los tribunales con el fin de que se restituya lo que pertenece a los psicólogos.

Lamentamos que la acción legislativa del Ministerio de Sanidad y Consumo, en esta última etapa, esté resultando tan lesiva e ingrata para los intereses de los psicólogos, y esperamos que el desarrollo normativo que se deriva de la LOPS y de la Ley de Cohesión y Calidad no siga por el mismo camino y se opte por el diálogo y la consulta con los órganos representativos de la Psicología, una profesión cada vez más necesaria, como lo demuestra el constante incremento de la demanda de sus servicios en estos últimos años.

Texto enviado por Jesus Ambel.